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06 de diciembre de 2011 |
La prórroga de los presupuestos del Estado complica la aplicación de la nueva ley del juego
Alberto Palomar ha publicado en El País (05.12.11) un breve comentario acerca del impacto presupuestario que va a tener la reciente ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
Comenta el prestigioso jurista que esta ley supone una transformación notable que tiene diversos ángulos y problemas, uno de los cuales es el relativo al deporte. En este punto, añade Palomar, la nueva ley supone un cambio notable en el estatus previo: la responsabilidad en el pago del porcentaje de las quinielas -el 10% de la recaudación semanal que va a la LFP y la federación- pasa a ser estatal. Este simple hecho supone una complicación nada menor porque la ley no dice si el dinero que actualmente abona la Sociedad de Loterías y Apuestas del Estado (SLAE) debería pagárselo al Estado para que este haga frente a sus nuevas obligaciones, que pueden ascender a un millón de euros a la semana. Tampoco establece el mecanismo por el que una sociedad mercantil abona dicha cuantía.
A partir de aquí, el problema está servido. El Estado tiene la obligación, pero no tiene la habilitación presupuestaria específica porque en un escenario de presupuestos prorrogados no hay partidas nuevas y, como se ha dicho, esta es una obligación nueva. Así, el que tiene el dinero no tiene la obligación y el que tiene la obligación no tiene el dinero. Una encrucijada que necesariamente hay que solventar porque, de lo contrario, la liquidez de la competición está en entredicho, ya que esta aportación cubre esencialmente los gastos del denominado convenio de coordinación entre la federación y la Liga y el gasto corriente -entre ellos, el arbitraje- que se incluye en dicho convenio.
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Modificado el ( 08 de diciembre de 2011 )
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